Denuncian clientelismo político a lo interno del TE

Redacción
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Tras conocerse que los magistrados Erasmo Pinilla, Eduardo Valdés Escoffery y el ahora candidato a la vicepresidencia por el Partido Revolucionario Democráctico (PRD), Gerardo Solís, se repartieron los nombramientos claves dentro del Tribunal Electoral (TE), grupos de la sociedad civil reaccionaron y denunciaron que la entidad quedó expuesta al “clientelismo político”.
De allí que la transparencia que imprimió el Tribunal  en los últimos torneos electorales parece empañarse con el manejo de poder y control que impusieron dos magistrados y un exmagistrado.
Pero la cercanía y nexos que aún mantiene Solís dentro del TE genera aún más suspicacia entre algunos grupos que reclaman transparencia en los procesos, sin influencias externas.
En ese grupo de personal de confianza y responsable de la organización del proceso, conteo de votos, emisión de resultados e impugnaciones destacan 123 puestos, de los cuales 27 aún son fichas claves del aspirante a la vicepresidencia por el PRD.
Para el vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Carlos Gasnell, “la mayoría de las instituciones públicas está nombrando a sus funcionarios sin concurso”.
El gobierno de Martín Torrijos empezó a aplicarlo al final de su periodo, mientras que el actual gobierno suspendió la ley de carrera administrativa y hasta la fecha no hemos visto señales de su reactivación, lo que ayudaría a evitar que los nombramientos se utilicen para clientelismo político”.
Y de esa realidad, “el Tribunal Electoral, ante la falta de una norma que obligue a hacer los concursos, no escapa a esta realidad y los magistrados tienen potestades para nombrar discrecionalmente a funcionarios dentro de la institución”, aseveró Gasnell.
También señaló  que “habría que verificar si se están llevando a cabo los controles mínimos (perfil del puesto, entrevistas) para garantizar que haya cierta objetividad en los nombramientos y que las personas designadas cuenten con los requisitos básicos para ocupar los respectivos puestos”.
Una petición de transparencia también hizo la abogada y activista ciudadana por la democracia y los derechos humanos Magaly Castillo. “El Tribunal Electoral es una de las pocas instituciones que goza de credibilidad en el país y faltando tres meses para las elecciones, lo único que queremos es que el Tribunal haga su trabajo con transparencia e independencia”, dijo.
Aunque el llamado es claro, Castillo  cree que hay tareas pendientes porque “en este país hay que hacer cambios en muchas instituciones del Estado, fortalecer la carrera administrativa, crear la carrera judicial; y esperamos que llegue un gobierno que crea en el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”.
Por su parte, el exmagistrado y candidato a vicepresidente en la nómina de Juan Carlos Navarro, Gerardo Solís, trató de esquivar el tema en una entrevista televisiva.
Solís  se limitó a decir que  “el  poder en el Tribunal Electoral lo tienen todos los ciudadanos. Y nadie, ninguna persona, tiene influencia.  Los funcionarios trabajan con una mística y vocación de servir  a la patria”.
Solís, quien  no rechazó sus influencias dentro del TE,  abogó porque “los procesos de la Autoridad del Canal de Panamá y del TE  se trasladen al Gobierno  central, los  municipios  y corregidurías”.
El secretario de la Fundación Alianza Pro Ciudad, Fernando Díaz, dijo que el tema de los nombramientos en el TE debe someterse a una discusión en la que  se aprueben por consenso los posibles cambios.
Díaz  indicó  que este tema debe quedar para luego de las elecciones del próximo 4 de mayo.
“Esto  para que las críticas, sanas en una democracia, no se constituyan en un instrumento de presión a la institución encargada de velar por la libertad del sufragio y la transparencia de sus resultados”, aportó Díaz.
Los magistrados del TE aseguran que utilizan la norma ISO, de gestión de calidad
Entretanto, Roberto Lombana, miembro del Consejo Nacional de la Empresa Privada, contrasta con la opinión de Gasnell y Castillo. Considera que los nombramientos y destituciones deben quedar como una potestad de los  magistrados del TE.
“De hecho, considerar si son eficientes, y si ya estaban comprometidos con el plan general de elecciones”, agregó Lombana.
La lluvia de ideas para materializar un sistema de contratación de personal  dentro del TE alejado de la simpatía responde a una tendencia que, según los expertos, carcome  la credibilidad de los procesos.
En ese sentido, Pinilla  justificó  los nombramientos aduciendo que todos pasan por un proceso de evaluación y revisión de sus méritos; pero aceptó que son los propios magistrados los que toman la decisión final. “Los magistrados proponen, pero la Sala de Acuerdo hace los nombramientos y decide”, dijo.
El magistrado no aclaró  que la Sala de Acuerdo la conforman los tres magistrados de turno del TE.
Mientras,  Valdés también admitió  que los nombramientos en el TE son propuestos por los magistrados, y afirmó que es por ello que hay personal recomendado por magistrados que ya no ocupa el puesto. Esto refiriéndose al caso de Gerardo Solís. “Si algo ha caracterizado al Tribunal Electoral es la estabilidad en el cargo de sus funcionarios, y basado en méritos”, dijo.  En la lista de nombramientos claves hechos por Valdés, Pinilla y Solís destacan:  Yara Campo, en la Dirección Ejecutiva; Dalys Osorio, en Control Fiscal; Valentín Samaniego, jefe de Registro Electoral, y Stephany Tapia, en la Dirección de Recursos Humanos.
Los candidatos presidenciales por la vía independiente, Juan Jované, Gerardo Barroso  y Esteban Rodríguez,  reclaman transparencia en los procesos; pero además muestran inconformidad por  las limitantes establecidas por el TE para las candidaturas independientes. Denuncian que son los magistrados quienes imponen trabas, entre ellos el pago del subsidio.